Cuando faltan menos de diez días para el 7 de diciembre, fecha de vencimiento de la cautelar presentada por Clarín para frenar la plena aplicación de la Ley de Medios en sus empresas, y en la misma jornada en que parte del personal de Cablevisión se movilizó a Tribunales (ver pag 3), el magnate mexicano David Martínez, titular de Fintech Advisory y dueño del 40% de la companía de cable, marcó distancia con el Grupo, advirtió que «la ley es la ley» y admitió que «hay algunos aspectos a los que habrá que adecuarse».
De esta manera, el poseedor del 40% del paquete accionario de Cablevisión reconoció, más allá de la posición del Grupo, que la empresa de cable deberá adecuarse a los límites determinados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. «No soy socio de Clarín sino de Cablevisión», aclaró en una entrevista publicada en el periódico El Cronista. «La ley es la ley. Punto. Hay algunos aspectos a los que habrá que adecuarse. Nosotros siempre hemos buscado un diálogo con el gobierno y tenemos ánimo de acordar», aseguró el empresario.
La posición de Martínez plantea otra grieta en una de las empresas del Grupo Clarín, máxime teniendo en cuenta que la AFSCA, el organismo que deberá velar por el cumplimiento total de la norma, ya informó que, después del 7 de diciembre, la adecuación de los grupos de medios que no hayan presentado un plan voluntario será de oficio y la coordinará el Estado.
Por otra parte, el inversionista apoyó la posición del gobierno argentino «de no dejarse extorsionar por un abusador del sistema legal» ante el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que intenta obligar a la Argentina a pagarle a los fondos buitre y enfatizó: «Quiero delatar la monstruosidad de lo que este juez acaba de imponer a partes ajenas a la disputa y la grosera interferencia con la propiedad de terceros», sostuvo el empresario mexicano, quien también es uno de los acreedores del canje de la deuda.
stubrin reclamó reunión de la afsca
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, recibió en la sede del organismo al nuevo integrante del directorio designado a propuesta del radicalismo, Marcelo Stubrin.
Stubrin le solicitó al presidente de la entidad que convoque de manera perentoria a una reunión de directorio para establecer el método de trabajo en cumplimiento a las misiones previstas por la Ley 26.522.
Además, le presentó una lista de nueve planteos, que incluyen desde condiciones para convocar a la reunión de directorio, hasta peticiones de información sobre pauta publicitaria y encuadramiento de la TV Digital Terrestre.
El nombramiento del nuevo director de la AFSCA por la segunda minoría parlamentaria fue formalizado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández, tal como lo prevé el artículo 14 de la Ley 26.522.

TIEMPO ARGENTINO
LA CORTE RECHAZÓ EL PEDIDO DE CLARÍN Y ORDENÓ RESOLVER SOBRE LA DESINVERSIÓN
El máximo tribunal dio señales de buscar una solución definitiva al tema y puso en marcha los mecanismos para que el juez de primera instancia se expida «de inmediato» sobre la cuestión de fondo. El fallo fue unánime.
La Corte Suprema le dijo «no» a la pretensión del Grupo Clarín de extender más allá del 7 de diciembre la medida cautelar –vigente desde hace tres años– que mantiene frenada la aplicación de la «cláusula de desinversión» de la Ley de Medios Audiovisuales. El tribunal ni siquiera consideró el pedido, que en los hechos implicaba una suerte de per saltum, ya que pretendía que la Corte prorrogara la cautelar salteándose una instancia, la de la Cámara Civil y Comercial Federal.
Sin embargo, el máximo tribunal dio señales de que quiere terminar rápidamente con esta cuestión. Y para ello puso en marcha todos los mecanismos y recursos a su alcance para que «de inmediato» (incluso antes del 7D) el juez de primera instancia Horacio Alfonso decida si el artículo 161 que obliga a los grupos empresarios mediáticos a adecuarse a la cantidad de licencias que establece la ley es o no constitucional. La idea que subyace en el fallo, firmado por unanimidad por los siete jueces de la Corte, es que el 7 de diciembre no sea sólo un día en que caiga una prolongada medida provisoria sino que en esa jornada quede claro, por lo menos en primera instancia, si la ley es válida en su totalidad o no.
«La ley está vigente y la AFSCA tiene que aplicarla para todos. Lo está haciendo bien. Pero no puede ser que esta cuestión siga dependiendo de medidas cautelares; es necesario un fallo que vaya al fondo, emprolijar todo el expediente», le dijo –palabras más, palabra menos– el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a sus colegas en el acuerdo de ayer.
Todos estuvieron de acuerdo en firmar una resolución de apenas dos páginas, en la que aceptaron que «la falta de un pronunciamiento final dentro de un plazo razonable implica una clara denegación de justicia, derecho que asiste a todos los ciudadanos por igual». Ese argumento había sido utilizado por el Grupo Clarín en su presentación de la semana pasada. Pero ante esa «denegación de justicia», la Corte eludió el convite a solucionar la situación estirando la cautelar. Habría sido un bochorno que después de haber establecido el 22 de mayo pasado que esa medida se terminaba el 7 de diciembre, a pedido de una de las partes se desdijera, corrigiera y desautorizara a sí misma.
La Corte siempre busca soluciones de equilibrio que, a menudo, se prestan a múltiples interpretaciones. Esta vez determinó en el primer punto de su resolución «requerir al juez de primera instancia el inmediato dictado de la sentencia definitiva». Y advirtió que «cualquier incidente que planteen las partes o terceros deberá ser interpretado restrictivamente en función de la rápida finalización del proceso; además, el juez de la causa deberá exigir a las partes y terceros el cumplimiento estricto del deber de buena fe procesal, adoptando las medidas necesarias para prevenir conductas obstruccionistas y, en su caso, aplicar las sanciones que correspondiesen».
Pese a las interpretaciones encontradas, el fallo de la Corte ratifica el «7D». Pero deja una hendija por la cual todavía existe la posibilidad de que la Ley de Medios no se aplique. Los siete ministros decidieron apurar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que «con carácter urgente» sortee a los dos jueces que deberá «prestar» a Civil y Comercial para integrar la Sala Primera de ese fuero, donde radica el planteo de Clarín para extender la cautelar. El sorteo se realizó en la tarde de ayer, por lo que una vez conformada la Sala podría haber un fallo antes del viernes de la semana próxima (ver aparte).
Además, para resolver rápidamente, el juez Alfonso necesita contar con el expediente de la medida cautelar. No se trata de un capricho: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) pidió ser oída en el expediente, pero al juez le faltaba hasta ayer ese expediente, que consta de seis cuerpos (unas 1200 páginas) que ayer comenzaron a ser fotocopiadas por orden del máximo tribunal. El apuro por llegar a un fallo de fondo quedó reflejado en el quinto punto del fallo: «Ordenar la habilitación de días y horas que fueran menester para el cumplimiento de todos estos actos, incluyendo el dictado de la sentencia definitiva». En buen romance, eso significa que el juez está habilitado para resolver de lunes a domingo, de 0 a 24 horas.
El máximo tribunal también le dio una herramienta a Alfonso para que, si lo considera justificado, declare la inconstitucionalidad no sólo del artículo 161 sino de otros, o incluso de toda la ley. En otra resolución, firmada el mismo día que la de la «Causa Clarín», el tribunal admitió la posibilidad de que los jueces puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de «leyes federales, nacionales o locales, decretos de necesidad y urgencia, decretos delegados, reglamentarios y autónomos, así como de resoluciones administrativas y actos jurídicos aunque no existiera petición de las partes».
Para ello, eligió el caso de un reclamo indemnizatorio de un ex conscripto por los daños que sufrió cumpliendo el derogado Servicio Militar Obligatorio. Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt –por sus propios fundamentos– consagraron «el deber de los magistrados de efectuar el examen de constitucionalidad de las normas en la medida en que ese mecanismo constituye una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos reconocidos en la Constitución contra los posibles abusos de los poderes públicos».
para sabbatella, se ratificó el 7d
El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, opinó que el fallo de la Corte Suprema «ratificó el 7D» como fecha de vencimiento de la cautelar que suspende un artículo clave de la Ley de Medios para el Grupo Clarín.
«Lo que acaba de hacer la Corte es ratificar la fecha del 7D, al no prorrogar la medida cautelar, así que seguimos trabajando con el 7D, y todos tendrán que presentar su plan de adecuación
antes de ese día», aseguró Sabbatella.
Durante el acto de firma de un convenio en defensa de puestos de trabajo y condiciones laborales de los trabajadores de medios de comunicación audiovisual, el funcionario reiteró que a partir del 7 de diciembre la Ley de Medios se aplicará «sin excepciones ni privilegios, para mejorar la calidad democrática».
«Cuando nos acercamos al 7 de diciembre que es la fecha que la Corte ratifica como definitiva para la total aplicación de la ley, vemos que se construyen relatos como que no va a estar más tal programa o tal periodista y aclaramos una vez más que la ley no opina sobre los programas y periodistas, sino que interviene sobre los titulares de los medios porque no puede haber concentración mediática», apuntó el funcionario.