El 7 de diciembre, el Grupo Clarín se encontrará excedido de licencias de servicios de comunicación audiovisual en todos los ámbitos donde opera. Deberá elegir entre seguir teniendo canales de TV abierta o conservar sus servicios de TV por cable y banda ancha. Pero aún si eligiera este último negocio, que representa el 70% de su facturación, deberá reducirse a sólo 24 localidades, que podrían ser algunas más siempre que el Gobierno nacional le permita extender a poblaciones vecinas esas licencias. Además, si conserva la distribución de TV e Internet por cable, ya no podrá programar los canales TN, Magazine, Volver, Quiero Música y TyC Sports, entre otras señales que deberá vender o cerrar. Una cuestión todavía incierta es qué pasará con Fibertel cuando Cablevisión se parta en unidades menores: la TV paga y la banda ancha funcionan sobre una misma red de fibra óptica y cable, técnicamente muy difícil de dividir.
Así lo establece el artículo 45 de la ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fija múltiples prohibiciones a la propiedad cruzada de medios, establece topes a la cantidad de abonados y posición de mercado, y también fija incompatibilidades entre la propiedad de canales y radios y diversos tipos de situaciones.
El Grupo Clarín no está solo en esas condiciones. Si la aplicación de la ley de medios fuese una cuestión estrictamente regulatoria, otros grades grupos empresariales deberían ajustarse al nuevo marco a partir del mes próximo. Una guerra de comunicados y declaraciones públicas de funcionarios confirmó la semana pasada que podría no ser así para todos los casos.
El propio presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, asumió la defensa de algunas de esas empresas y centró todas las exigencias sobre el Grupo Clarín. A continuación, algunos de esos casos.
Telefé. «Telefónica de Argentina no tiene relación societaria con Telefe», dijo Sabbatella en varias entrevistas y aclaró que tampoco debe ser considerada una firma extranjera porque la empresa cuenta con un beneficio de la ley 25.750 de protección de bienes culturales, de 2003 (una norma que en aquel momento se denominó Ley Clarín por los beneficios, en medio de una profunda crisis económica, acarreaba para ese grupo). Mediante un comunicado difundido en su pantalla, leído por un locutor y sin la firma de voceros identificables, Telefé argumentó lo mismo.
El Art. 25, inc. D, de la ley de medios, sostiene que las empresas que presten servicios públicos (como la telefonía fija) no pueden controlar más del 10% del capital accionario de una firma que tenga licencias de comunicación audiovisual. El Art. 31, inc. B de la misma norma sostiene que empresa controlada y controlante deben ser consideradas una misma compañía y aclara que eso debe suceder en los términos del Art. 33 de la ley 19.550 de sociedades comerciales, que establece que una empresa controla a otra cuando tiene la capacidad de decisión en esa firma de manera directa o indirecta. Telefónica de España controla Telefé (a través de Atlántida Comunicaciones y Enfisur) y controla Telefónica de Argentina, y controlada y controlante deben ser consideradas una misma empresa, por lo tanto para la ley de medios las tres son una misma compañía. La propia Telefónica de España, en una presentación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) cuando tomó control indirecto de Telecom Argentina, reconoció que es Telefe y Telefónica de Argentina son firmas suyas controladas. Esa situación puede corroborarse en el dictamen 835 de la CNDC. Sin embargo, sorpresivamente, Telefe -con 1700 empleados, la tercera productora de contenidos de América latina- borró de la historia que publica en su página web la frase «perteneciente al grupo Telefónica desde el año 2000».
El Art. 25, Inc. C de la ley de medios establece además que los licenciatarios de medios no podrán ser filiales ni subsidiarias de empresas extranjeras. Y el Art. 29 dice que en ese caso se aplicarán los párrafos primero y segundo del Art. 2 de la ley 25750 de preservación de bienes culturales. Pero la disposición que permitiría a Telefónica de España conservar Telefe está recién en el tercer párrafo, que afirma: «No se encuentran alcanzados por las disposiciones de la presente norma: a) Los medios de comunicación que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sean de titularidad o control de personas físicas o jurídicas extrajeras». En su comunicado, Telefe y Telefónica habían dicho que están «plenamente facultados para prestar servicios de comunicación audiovisual según lo establecido en el Art. 2, incisos A y B, por la ley 25750». Precisamente, esos son los incisos detallados en el tercer párrafo del artículo, expresamente omitido por la ley de medios.
Esto fue explicado extensamente por el subsecretario general de la presidencia, Gustavo López, en un editorial que publicó hace pocos meses en su blog, y que la semana pasada sacó de la web y volvió a subir con la aclaración de que todo aquello «está sujeto a la interpretación de Afsca». La afirmación «el juego armónico de las normas, en cada uno de los períodos, haría imposible la habilitación de Telefónica como licenciatario de medios» era antecedida por la expresión «desde mi punto de vista», pero luego del cambio quedó simplemente con el impersonal «algunos consideran que».
En las semanas previas a la presentación de Sabbatella, el presidente de Telefónica de España, César Alierta, visitó la Argentina y habría estado reunido con la presidenta Cristina Kirchner. En los últimos seis días, LA NACION intentó confirmar esa información con voceros de la empresa en Madrid, Lima y Buenos Aires. Una de esas fuentes confirmó el paso por Buenos Aires de «altos ejecutivos» de la casa matriz sin brindar más datos.
Canal 9. Según cuentan desde la propia emisora, a mitad de la semana pasada el Gobierno ordenó a los directivos de Canal 9 que difunda un comunicado en el que desmientan las versiones acerca de sus presuntos incumplimientos de la ley de medios. Telearte SA, la sociedad titular de la licencia del canal, afirmó allí que «ningún extranjero controla más del 30% del capital», una afirmación algo extraña si se observa la página web de Albavisión, el grupo de medios del mexicano Remigio Ángel González González, donde Canal 9 de Buenos Aires aparece como integrante de «la única red operadora de televisión y radio en Latinoamérica» junto con emisoras de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras Paraguay, Chile, Perú y Bolivia.
Según informa la empresa, el canal es controlado por Prime Argentina SA, pero no aclara la integración societaria de esa firma (vinculada con capitales australianos hasta 1999). El presidente del directorio es el abogado Carlos Eduardo Lorefice Lynch, y el vicepresidente, el propio González-González, que en los documentos figura con su pasaporte mexicano. Entre los directivos también aparece otro Lynch abogado, Santiago Horacio. Los abogados de apellido homónimo estudiaron en la Universidad Católica Argentina (UCA) y ninguno supera los 40 años. Canal 9 tiene en su pantalla numerosos programas de producción estatal: PakaPaka (que le permite cubrir la cuota de programación infantil exigida por la ley de medios), Fútbol para Todos, y Ficciones para Todos (por ejemplo, en esa pantalla se emitió la serie El Pacto, sobre Papel Prensa). Se desconoce si la emisora paga por esos contenidos, cuyos costos están a cargo de los contribuyentes. Además, en sus noticieros también trabajan periodistas del estatal Canal 7, como Fernando Alonso, conductor de la edición nocturna de Telenueve.
González-González, con Carlos Lorefice Lynch como principal ejecutivo, también es dueño de FM Aspen y FM Arpeggio, y de otros tres canales de TV digital abierta en Buenos Aires: Suri TV (cuya programación es un compacto de los canales que el mexicano tiene en América latina), Arpeggio TV (música clásica) y VideoÉxitos (clips musicales), los tres son transmitidos por la plataforma estatal de TV digital a todo el país. Nunca participaron de concurso alguno ni tienen licencia, superan el tope de mercado del 35% establecido por la ley de medios, y están en el aire gracias una invitación del Poder Ejecutivo. Otros invitados a esa plataforma son CN23 (noticias) y Vibra (clips musicales), de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel; C5N (noticias) y Stars TV (clips musicales), de Cristóbal López; y 360 TV (noticias y documentales) de Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, dueños de la constructora Electroingeniería.
Telecentro. Según Sabbatella «está bajo análisis» la situación de la principal empresa de Alberto Pierri, ex diputado justicialista y presidente de la Cámara de Diputados entre 1989 y 1999. La única operadora de triple play (TV por cable, telefonía y banda ancha) del área metropolitana presta servicio de TV a más de 30 localidades con una sola licencia (a Cablevisión se le exige un tope de 24 licencias, una por localidad). Además, Telecentro tiene superpuestos en una misma zona geográfica dos servicios incompatibles según la ley: opera en TV paga por vínculo físico y con uso de espectro. De hecho, la empresa de la familia Pierri tiene una presencia dominante en el espectro radioeléctrico del área metropolitana en la que ocupa 14 canales, que están codificados y pueden verse sólo para quienes abonan el servicio.
Además, Pierri tiene una licencia de TV abierta (que usa para emitir dos señales, Canal 26 y Telemax) en la misma zona en la que presta el servicio de TV paga, algo que está restringido por el Art. 45, Inciso 2, c. Cuando sancionaron la norma, los legisladores no previeron que la digitalización de la TV permite transmitir más de una señal de TV por cada canal de frecuencia asignado.
Telecentro también publicó un comunicado en el que afirmó haber «cumplido con todo lo establecido en la ley» y que «ha presentado en tiempo y forma la adecuación que exige» esa norma. Telecentro también presta servicio público, porque su triple play incluye telefonía fija, pero el fárrago regulatorio le permitiría no infringir ninguna norma y competir así en condiciones de ventaja contra Telefónica y Telecom. Como contrapartida, las telefónicas se verían beneficiadas al obligar a los cableoperadores a reducir sus redes sólo a 24 localidades, lo que les impide a estos últimos competir en la mayor parte de las amplias regiones donde las telefónicas tienen presencia.
Grupo Indalo. En la conferencia de prensa del 14 de noviembre, Sabbatella dio como un hecho consumado la transferencia de las cinco radios de Daniel Hadad a Cristóbal López, dueño del grupo Indalo y de la firma de juegos de azar Casino Club. Sin embargo, según el Art. 41 de la ley de medios las licencias «son intransferibles», con dos excepciones: que esté en juego la continuidad del servicio (según ese mismo artículo) o que la transferencia se haga para adecuarse a la norma (según prevé el Art. 161). La venta de Radio 10 y las FM Pop, Mega, Vale y TKM de Hadad a López no cumple con ninguno de esos requisitos: no corrían riesgo las emisoras y el comprador quedó en igual situación de exceso de licencias que el vendedor. Además, ese tipo de trasferencias requiere la aprobación previa de Afsca, algo que, según la expresión «está en estudio» de Sabbatella, aún no ocurrió, y que la ley prevé con una sanción ejemplar: la caducidad de las licencias.
Entre los activos que Hadad le vendió a López está la frecuencia del canal 27, de TV digital abierta, que Indalo usa para trasmitir C5N y Stars TV, dos señales abiertas, en una misma zona geográfica, algo vedado por la ley. Además, hasta ahora López prestaba el servicio de recolección de basura en Comodoro Rivadavia, su ciudad. El empresario, que fue amigo personal de Néstor Kirchner, afirma que ya no controla esa compañía.
Grupo Manzano-Vila. La estructura accionaria del grupo Uno Medios y sus empresas es un complejo entramado de socios que aparecen o desaparecen según las necesidades comerciales o legales de la compañía. La principal de esas firmas, la cableoperadora Supercanal, está en concurso de acreedores desde hace 14 años y mientras esa situación se mantenga, difícilmente pueda tomarse una decisión definitiva sobre sus activos.
De acuerdo con los dichos de Sabbatella, este grupo está excedido en cantidad de licencias de cable y de radio, tiene superpuestos canales de TV abierta en varias localidades donde opera TV por cable, algo prohibido por la nueva ley, y supera ampliamente el tope de diez licencias de radio y TV permitidas por el Art. 45 de la norma.
En la presentación que Sabbatella hizo de este caso se deslizaron varias omisiones y algunas situaciones inexistentes. Entre las omisiones, ampliamente descritas por Claudio De Luca en su blog Señales, hay tres FM de Rosario y una AM de Calingasta, San Juan, entre otras cosas. Entre las situaciones inexistentes hay dos especialmente llamativas: según Sabbatella, grupo Uno sigue dando TV satelital, lo que es incompatible con el resto de las actividades mediáticas. Sin embargo, Manzano y Vila dejaron ese negocio (en el que operaba con la marca DTH) a fines de los 90; además, aparece duplicado el Canal 2 América TV, como transmitiendo desde Capital Federal y desde La Plata. En realidad, esta emisora -cuya planta transmisora se encuentra en Florencio Varela- tiene licencia para emitir desde la capital provincial solamente.
La semana pasada, el gobernador kirchnerista de Mendoza, Francisco Pérez (que ya tiene Canal 29, su propia señal estatal fruto de la ley de medios), aseguró que Manzano y Vila se desprenderán de Edemsa, la empresa distribuidora de energía de Mendoza. Sin embargo, Vila le confirmó a La Nación que eso no es así, y recordó que los dueños de Uno Medios tienen sólo el 5% de esa empresa, con lo cual no violan la incompatibilidad establecida en la ley entre medios audiovisuales y servicios públicos. Es más, el mismo día que Sabbatella presentó la situación de los grupos que no se adecuan a la ley, Manzano y Vila adquirieron -según ellos mismos informaron- el 8% de Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país, lo que confirma la tranquilidad con la que se mueven los empresarios en materia regulatoria.
Grupo Moneta. El empresario Raúl Pedro Moneta, que a fines de los años 90 fue uno de los pilares del grupo de medios CEI, que llegó a controlar Telefe, radio Continental, fue socio en Cablevision y intentó comprar darios, en medio de un intenso debate político por la re-re elección de Carlos Menem, mantiene su vigencia (aunque menos lucida y relevante) en el mundo de los medios de comunicación. De hecho, fue el protagonista de la primera gran violación a la flamante ley de medios en enero de 2010 cuando en sociedad con Matías Garfunkel compró casi una veintena de emisoras que hasta entonces habían sido del grupo mexicano CIE. Esa transferencia violó los artículos de 41, 45 y 161 de la nueva ley sin que hasta ahora se haya registrado ningún procedimiento administrativo o judicial por parte del Afsca. En aquel momento, el subsecretario general de la presidencia, Gustavo López, presentó un recurso administrativo ante el organismo para que rechace esa transferencia con resultado desconocido a la fecha.
Poco después de aquella transferencia, Moneta y Garfunkel se distanciaron y la pelea llegó a los tribunales, donde este último logró una medida cautelar que impide al Afsca tomar ninguna decisión sobre las emisoras hasta tanto se resuelva ese litigio. La semana pasada, en otra causa en la que Moneta es investigado por presunta extorsión, el empresario sufrió la inhibición general sobre sus bienes, lo que terminaría beneficiándolo porque congelaría la propiedad que detenta sobre las emisoras compradas a CIE, que sumó a las que ya tenía. A saber: Rock Pop 95.9, Metro 95.1, Blue 100.7, Splendid AM 990, Radio 9 AM 950,San Isidro Labrador 95.5, Villa La Angostura 106.5, Ostende 107.5, Metro Mar del Plata 95.3, Rock &Pop Mar del Plata 98.9, y otras nueve emisoras repetidoras en el interior del país.
Ayer, en una entrevista concedida al diario Perfil, Sabbatella afirmó sobre este caso: «Nosotros estamos supeditados en la adecuación a la resolución de este conflicto judicial». Garfunkel, en sociedad con Szpolski, también controla Radio América 1190 y Vorterix Rock 103.1, donde también aparece Mario Pergolini. En el caso de Vorterix, se agregan un nuevo impedimento: esa frecuencia es alquilada a los dueños de Radio Rivadavia, algo prohibido por el Art. 44 de la ley de medios.
Por distintas razones, otros muchos grupos o empresarios de medios de todo el país y de distintos tamaños tampoco se ajustan a la norma o están en una situación sujeta a interpretación..
