Distintas cámaras industriales ya encendieron señales de alarma por el proyecto de modificación de la Ley 25.551 de Compre Trabajo Argentino. La reforma, que implica a las pymes, podría perder estado parlamentario, y el Congreso dejaría escapar una chance de fortalecer la industria nacional a través del régimen de compras del Estado y sus concesionarios, según lamentan diversas entidades.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el año pasado. Sin embargo, hoy por hoy, su trámite está rotundamente trabado. La Comisión de Obras Públicas, en manos del kirchnerista Edgardo Depetri, no dio impulso a la propuesta en lo que va del período ordinario, y nada hace pensar que la sanción vea la luz. Tampoco se tocó el tema en las comisiones de Industria y Comercio, presididas por Daniel Germano (Frente Peronista) y Alex Ziegler (FpV). “No es un proyecto que le interese al Poder Ejecutivo. Si quisieran impulsar la ley, lo harían”, soltó una fuente implicada en el tema a Semanario Parlamentario.

Un guiño al trabajo nacional

Países como Estados Unidos y México privilegian la compra por parte del Estado de bienes y servicios locales hasta un 25 y 15 por ciento, respectivamente, por sobre el precio importado. En el caso de Brasil, el Plan Brasil Maior contempla preferencias a fabricantes nacionales en las compras gubernamentales de hasta el 25 por ciento sobre el importado.

En cambio, la normativa argentina establece sólo una preferencia del 5 por ciento para grandes empresas, y del 7 para las pymes. De ser sancionada la propuesta, se aumentaría este último margen al 10 por ciento. Además, entre otras cuestiones, “aún las empresas que tienen servicios concesionados -como por ejemplo, Telecom- deberían pasar por el Estado nacional”.

“Esta ley indica que al usarse recursos del Estado, es decir de toda la comunidad, los organismos contratantes deben facilitar la compra de productos nacionales teniéndolos en cuenta al momento de gestar sus proyectos, siempre que estos cumplan con las especificaciones técnicas necesarias”, explicó Jorge Cavanna, presidente de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático (CADIEEL).

De aplicarse plenamente este régimen, indican, “habría un importante impacto en la generación de empleo”. Según un estudio elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), si se sustituye el 50 por ciento de las importaciones que realiza el Estado con compras a la industria nacional, “se generarían mínimamente 427 mil nuevos puestos de trabajo, mientras que cuando se compran productos en el extranjero se subsidia a la industria foránea con recursos de nuestros ciudadanos”.

Pese a ello, no faltan quienes ponen freno a tanto entusiasmo. “Sólo espero que el Estado no compre las peores cosas. El Estado no se debe privar nunca de comprar lo mejor”, sentenció una fuente a este medio, quien además de advertir que el proyecto está “mal redactado” sostiene que “tiene más lobby empresarial que voluntad del Poder Ejecutivo” para darle el guiño al Congreso. La misma persona consultada incluso recuerda que hay más de un pedido de informe al Gobierno sobre el cumplimiento de la ley actual.

Un trámite espinoso

Antes del recambio legislativo, la tríada de comisiones encargada de analizar el proyecto había escuchado a representantes de cámaras empresarias como la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME), la Cámara Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA) y Argentina Internet Association (CABASE), que deseaban la sanción del mismo texto proveniente de la Cámara alta, sin modificaciones.

“Este tipo de leyes ayuda a generar nuevos puestos de trabajo y defender nuestra industria”, comentó Sandra Nicolás, en representación de CAME. Mariano Luna, de ADIMRA, consideró que la sanción del proyecto “está orientada al desarrollo industrial del país”.

Empero, el expediente duerme en los cajones del Congreso. En su único intento, la Comisión de Obras Públicas -para ese entonces al mando del macrista Christian Gribaudo- no alcanzó el quórum, y tampoco concurrió a exponer sobre la iniciativa la ministra de la cartera, Débora Giorgi. El proyecto deberá tratarse antes de que finalice el período legislativo, el 30 de noviembre. De lo contrario, perderá estado parlamentario.